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Adelante Andalucía acusa a García-Pelayo de "instrumentalizar" la violencia sexual en el barrio de San Miguel
La formación critica que la alcaldesa reduzca un problema complejo de salud mental y sinhogarismo a una cuestión de seguridad para atacar la Ley del ‘Solo sí es sí’
Adelante Andalucía ha irrumpido en la polémica sobre los casos de acoso sexual reincidente en el barrio de San Miguel para mostrar su "firme apoyo y solidaridad" con las víctimas y denunciar la gestión política de la alcaldesa, María José García-Pelayo. Para la formación andalucista, el relato de las afectadas en los medios de comunicación evidencia una realidad mucho más profunda que la nota emitida por el Ayuntamiento. Acusan a la regidora de realizar una interpretación "malintencionada" que busca tapar las carencias del sistema mediante la señalización de otras administraciones en lugar de fomentar la cooperación necesaria.
El portavoz de la formación en Jerez, Carlos Fernández, ha rechazado tajantemente que el Gobierno local simplifique el conflicto limitándolo exclusivamente a una falta de seguridad. Según Adelante, Pelayo utiliza de forma "torticera" la Ley del ‘Solo sí es sí’ como factor clave de la inseguridad, una estrategia que tachan de ignorante al confundir los términos de violencia sexual y de género. Para el partido, esta postura solo busca desviar la atención de los factores estructurales que originan el problema: la precariedad en la sanidad, la crisis de salud mental y el déficit de vivienda.
La formación subraya que, según la información disponible, el presunto agresor es una persona con un trastorno mental grave en situación de sinhogarismo, una realidad que se repite con otros individuos en la misma zona. En este sentido, Fernández advierte que la solución no pasa únicamente por un incremento de la presencia policial, sino por una mejora sustancial de los servicios públicos. Insisten en que no se debe estigmatizar ni al barrio de San Miguel ni a las personas con enfermedades mentales, sino exigir recursos que garanticen el bienestar tanto de las víctimas como de los colectivos más vulnerables.
Desde la formación de izquierdas se denuncia la "ausencia de una respuesta adecuada" por parte de la sanidad pública y los servicios sociales, considerándolos parte esencial del problema actual. Lamentan que se invisibilicen las responsabilidades compartidas de todas las administraciones en ámbitos como la inclusión social y la prevención. Según Carlos Fernández, el aumento del sinhogarismo en Jerez, vinculado a la dificultad de acceso a una vivienda digna y a la saturación del sistema sanitario, crea escenarios de inseguridad que no pueden seguir siendo ignorados por el ejecutivo local.
Finalmente, Adelante Andalucía ha reclamado un enfoque integral que combine la seguridad y el cumplimiento de las órdenes de alejamiento con una inversión decidida en salud mental y refuerzo de los servicios sociales. Reclaman una respuesta pública que esté "centrada en las personas" y que se aleje del "ruido político" y la autopromoción. Para los andalucistas, la seguridad real de las mujeres en Jerez solo se alcanzará cuando se intervenga en todas las dimensiones de la exclusión social, dejando de utilizar casos tan sensibles como herramienta de confrontación partidista.

Adelante Andalucía ha irrumpido en la polémica sobre los casos de acoso sexual reincidente en el barrio de San Miguel para mostrar su "firme apoyo y solidaridad" con las víctimas y denunciar la gestión política de la alcaldesa, María José García-Pelayo. Para la formación andalucista, el relato de las afectadas en los medios de comunicación evidencia una realidad mucho más profunda que la nota emitida por el Ayuntamiento. Acusan a la regidora de realizar una interpretación "malintencionada" que busca tapar las carencias del sistema mediante la señalización de otras administraciones en lugar de fomentar la cooperación necesaria.
El portavoz de la formación en Jerez, Carlos Fernández, ha rechazado tajantemente que el Gobierno local simplifique el conflicto limitándolo exclusivamente a una falta de seguridad. Según Adelante, Pelayo utiliza de forma "torticera" la Ley del ‘Solo sí es sí’ como factor clave de la inseguridad, una estrategia que tachan de ignorante al confundir los términos de violencia sexual y de género. Para el partido, esta postura solo busca desviar la atención de los factores estructurales que originan el problema: la precariedad en la sanidad, la crisis de salud mental y el déficit de vivienda.
La formación subraya que, según la información disponible, el presunto agresor es una persona con un trastorno mental grave en situación de sinhogarismo, una realidad que se repite con otros individuos en la misma zona. En este sentido, Fernández advierte que la solución no pasa únicamente por un incremento de la presencia policial, sino por una mejora sustancial de los servicios públicos. Insisten en que no se debe estigmatizar ni al barrio de San Miguel ni a las personas con enfermedades mentales, sino exigir recursos que garanticen el bienestar tanto de las víctimas como de los colectivos más vulnerables.
Desde la formación de izquierdas se denuncia la "ausencia de una respuesta adecuada" por parte de la sanidad pública y los servicios sociales, considerándolos parte esencial del problema actual. Lamentan que se invisibilicen las responsabilidades compartidas de todas las administraciones en ámbitos como la inclusión social y la prevención. Según Carlos Fernández, el aumento del sinhogarismo en Jerez, vinculado a la dificultad de acceso a una vivienda digna y a la saturación del sistema sanitario, crea escenarios de inseguridad que no pueden seguir siendo ignorados por el ejecutivo local.
Finalmente, Adelante Andalucía ha reclamado un enfoque integral que combine la seguridad y el cumplimiento de las órdenes de alejamiento con una inversión decidida en salud mental y refuerzo de los servicios sociales. Reclaman una respuesta pública que esté "centrada en las personas" y que se aleje del "ruido político" y la autopromoción. Para los andalucistas, la seguridad real de las mujeres en Jerez solo se alcanzará cuando se intervenga en todas las dimensiones de la exclusión social, dejando de utilizar casos tan sensibles como herramienta de confrontación partidista.


















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