El Parlamento andaluz aprueba flexibilizar los pagos de agua para aliviar al sector agrario

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado, sin votos en contra, la modificación del Decreto-Ley que permite el aplazamiento o fraccionamiento del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua de 2025. Esta medida busca mitigar el impacto financiero en los regantes de los sistemas del Guadalete, Barbate, Campo de Gibraltar y Guadalhorce, quienes se han visto gravemente afectados por los daños causados por el tren de borrascas ocurrido entre finales de 2025 y principios de 2026.

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que esta iniciativa supone un "alivio financiero de carácter inmediato" para las explotaciones agrícolas. Aunque las cuotas corresponden al ejercicio pasado, su liquidación coincide con un momento de tensiones de tesorería debido a la pérdida de producción y al incremento de costes operativos derivados de los temporales, que provocaron encharcamientos prolongados y daños estructurales en las fincas.

En cuanto a las condiciones de pago, la normativa establece que se concederá un plazo de un año para los aplazamientos y de dos años para el fraccionamiento, salvo que el beneficiario solicite un periodo menor. Un punto clave de esta medida es que no se exigirán garantías adicionales ni se aplicarán intereses de demora a los solicitantes, facilitando así la viabilidad económica de las empresas agrarias en estas zonas estratégicas.

Además de la flexibilidad en los pagos de 2025, la Junta de Andalucía mantiene el compromiso de aplicar una bonificación del 100% en las cuotas de 2026. Esta exención total está dirigida a los regantes beneficiarios de obras de regulación u otras actuaciones hidráulicas en las provincias más castigadas por las lluvias torrenciales, reforzando el escudo de apoyo al sector tras los desperfectos sufridos en los sistemas de riego y caminos de acceso.

Finalmente, el Gobierno regional ha justificado la urgencia de estas medidas debido a la imposibilidad de realizar con normalidad las labores de siembra y preparación de tierras durante los últimos meses. Con esta validación parlamentaria, se pretende estabilizar el potencial productivo andaluz y garantizar que los agricultores puedan recuperar la normalidad operativa tras una campaña marcada por la inestabilidad climática.