El Gobierno municipal eleva la inversión en La Guareña por encima de los 400.000 euros pese al bloqueo urbanístico

La situación de la barriada rural de La Guareña ha centrado parte del debate en el último Pleno Ordinario, donde la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, ha defendido la gestión del actual Ejecutivo frente a las críticas del Grupo Socialista. Según los datos aportados por la responsable municipal, el Gobierno ha invertido ya un total de 407.812 euros en lo que va de mandato, una cifra que contrasta con los 305.762 euros destinados por la administración anterior durante sus cuatro años de legislatura. Sánchez subrayó que este esfuerzo inversor responde a la necesidad de paliar el "déficit histórico" que arrastra esta zona del hábitat rural diseminado.

En el desglose técnico de las actuaciones, la responsable de Medio Rural destacó el cambio de estrategia en las obras del PFEA, pasando de una planificación bianual a una anual para acelerar las mejoras. Bajo este esquema, se han destinado partidas de aproximadamente 111.000 euros cada año entre 2024 y 2026, sumando 333.660 euros en obra civil. A esto se añaden más de 74.000 euros en equipamientos adicionales, como la instalación de un parque infantil, equipos de calistenia y el adecentamiento de caminos estratégicos que conectan la barriada con El Mojo, Cuartillos y la depuradora.

No obstante, Sánchez fue tajante al explicar los límites legales que condicionan el asfaltado y la dotación de suministros básicos. La concejal explicó que el crecimiento irregular de viviendas en los últimos años ha dejado a La Guareña fuera de los parámetros del Hábitat Rural Diseminado (HRD) establecidos por la Ley Urbanística Andaluza (LISTA). Esta "complejidad jurídica" impide de facto la aplicación del plan de regularización diseñado en 2015, obligando al Ayuntamiento a replantear soluciones técnicas alternativas que encajen dentro del marco legal vigente para no incurrir en infracciones.

La teniente de alcaldesa también abordó la imposibilidad de ejecutar obras de abastecimiento o pavimentación en tramos que afecten a vías pecuarias, una restricción legal que impide atender ciertas demandas históricas de los vecinos de forma inmediata. “El Ayuntamiento trabaja, pero no miente; no podemos saltarnos la ley ni ejecutar obras en zonas no legalizadas”, afirmó Sánchez, quien insistió en que la delegada de alcaldía de la barriada está puntualmente informada de estos obstáculos técnicos que conoce también la oposición.

Respecto a las deficiencias en el alumbrado público, el Gobierno local señaló un "problema heredado" del anterior mandato, al quedar las farolas fotovoltaicas fuera del pliego de mantenimiento ordinario. Esta exclusión técnica limita la capacidad de actuación a un contrato menor de suministro al año, permitiendo solo la renovación de 33 unidades anualmente. Para solventar esta situación, Sánchez anunció que ya se está trabajando en un nuevo pliego de condiciones que incorpore estas instalaciones para garantizar su correcto funcionamiento y mantenimiento futuro.

Finalmente, la responsable de Medio Rural concluyó su intervención asegurando que el Ejecutivo continuará trabajando en la adaptación del HRD a las nuevas realidades urbanísticas de la zona y en la resolución de proyectos pendientes desde 2011, como la instalación de 14 nuevos puntos de luz. Con estas medidas, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con el desarrollo de la zona rural, priorizando una gestión responsable que combine la mejora de los servicios públicos con el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental.