El PSOE de Jerez denuncia aperturas comerciales en festivos y señala a Pelayo y Moreno

El secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, ha denunciadola situación de los trabajadores de grandes superficies, a quienes, según afirma, se les obliga a trabajar domingos y festivos debido a la gestión de la Junta de Andalucía en relación con la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

Díaz ha responsabilizado tanto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, como al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, “de no haber adoptado medidas para proteger los derechos laborales del sector. Según el dirigente socialista, las aperturas comerciales en domingos y festivos están afectando directamente al descanso y a la conciliación familiar de los empleados”.

El representante del PSOE ha señalado que “estas decisiones responden a una gestión que considera deficiente por parte de la administración autonómica en la resolución del conflicto de la ZGAT”. En este contexto, ha criticado que no se hayan cumplido compromisos previos relacionados con la limitación de aperturas en días festivos.

Asimismo, ha cuestionado la falta de respuesta del gobierno municipal ante esta situación, planteando la necesidad de que el Ayuntamiento reclame a la Junta medidas urgentes que eviten lo que califica como una vulneración de derechos laborales básicos.

El dirigente socialista también ha puesto el foco en la proximidad de la Semana Santa, uno de los periodos más relevantes en la ciudad desde el punto de vista social y cultural. Según ha indicado, durante estas fechas muchos trabajadores del comercio se verán obligados a trabajar en festivos, pese a que, a su juicio, la actividad comercial en grandes superficies no justifica dichas aperturas.

En este sentido, Díaz sostiene que “estas prácticas responden a intereses comerciales que no atienden a las necesidades reales de la ciudad, lo que, según afirma, repercute negativamente en la calidad de vida de los trabajadores”.

El PSOE de Jerez ha reclamado tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía la adopción “inmediata de medidas legales que garanticen el respeto a los derechos laborales del sector”, con el objetivo de poner fin a una situación que considera perjudicial para los empleados de las grandes superficies.