IU reclama la mediación de la alcaldesa para desbloquear la huelga indefinida de Huberto Domecq

Izquierda Unida ha registrado formalmente una petición para que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la delegada de Empleo y Consumo, Nela García Jarillo, medien en el conflicto laboral de la tonelería Huberto Domecq, cuya plantilla mantiene una huelga indefinida desde el pasado 26 de octubre tras fracasar las negociaciones con la empresa en el SERCLA.

La formación de izquierdas reclama la implicación del Gobierno municipal para propiciar un encuentro entre los trabajadores y la dirección de la empresa que permita retomar el diálogo y alcanzar un acuerdo. La petición ya había sido registrada para su debate en el pleno ordinario del pasado 30 de octubre, aunque finalmente quedó suspendida tras decretarse tres días de luto por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

IU considera que el Ayuntamiento no puede permanecer al margen de una situación que afecta desde hace meses a la plantilla y que ha desembocado en un paro indefinido. Entre las principales reivindicaciones de los trabajadores figuran una subida salarial de 150 euros, dos días de asuntos propios y la renovación del convenio colectivo, caducado desde 2013.

La concejala de Izquierda Unida, Violeta Márquez, ha calificado de «insoportable» la situación que atraviesan los empleados y considera urgente que la patronal vuelva a sentarse a negociar. A su juicio, el Gobierno local del PP debe dejar de ignorar el conflicto y asumir un papel activo para facilitar una solución.

Márquez también ha cuestionado la distancia entre la defensa pública que realiza el Ejecutivo municipal de la industria vitivinícola y la situación de quienes trabajan en ella. En este sentido, recuerda que la tonelería constituye una pieza importante del sector bodeguero jerezano y reprocha a la alcaldesa que, pese a haber visitado recientemente la empresa durante la vendimia, no haya mostrado, según IU, la misma preocupación por las condiciones de sus trabajadores.

La edil sostiene que la plantilla soporta unas condiciones laborales muy difíciles, con horas extraordinarias sistemáticas para mejorar sus ingresos, ritmos de producción exigentes y presiones laborales. También denuncia la existencia de amenazas y despidos que, según afirma, se utilizan como medida ejemplarizante.

En cuanto a los salarios, Márquez asegura que incluso los trabajadores que más cobran perciben alrededor de 1.500 euros mensuales, una cantidad a la que llegan gracias a los trienios de antigüedad acumulados desde 2007.

Desde Izquierda Unida insisten en que la empresa debe recuperar la negociación y ofrecer una respuesta a las demandas de la plantilla. La formación reclama un acuerdo que permita poner fin a la huelga y que los trabajadores puedan regresar a sus puestos con unas condiciones laborales que consideren dignas.