Tribunales
La Audiencia Provincial archiva por tercera vez la causa contra el presidente de SILJE y condena en costas a Jerez UTE
El tribunal desestima el recurso de la concesionaria de limpieza contra el archivo de la denuncia presentada contra Juan Manuel Valero. El sindicato reclama explicaciones al Ayuntamiento y denuncia el bloqueo de las elecciones sindicales
La Audiencia Provincial de Cádiz ha vuelto a rechazar la vía penal emprendida por Jerez UTE FCC MA AZSUMA EQUAL contra Juan Manuel Valero Fernández, presidente y portavoz del Sindicato Independiente de la Limpieza de Jerez (SILJE). Mediante el Auto número 597/26, la Sección Octava ha desestimado el recurso de apelación de la empresa y confirmado por tercera vez el archivo de la causa, además de imponer a la concesionaria el pago de las costas procesales.
Según el comunicado difundido por SILJE, la resolución judicial también cuestiona la actuación de la empresa durante el procedimiento. El sindicato destaca que el tribunal le reprocha una falta de diligencia y recoge que «debió actuar con mayor diligencia».
La controversia se originó en una denuncia relacionada con el supuesto uso indebido de datos personales de trabajadores. De acuerdo con la versión de SILJE, la Audiencia considera que la empresa no tenía la condición de persona agraviada y señala que ningún trabajador había presentado una denuncia contra Valero. El sindicato añade que el informe pericial externo que la compañía había anunciado no llegó a aportarse durante la instrucción.
La organización sindical sostiene que los hechos investigados quedaron limitados al envío de correos electrónicos a la pareja de Valero, también empleada de la empresa, y otros dos a un compañero. En este contexto, SILJE destaca que la resolución alude a la improcedencia de una «investigación prospectiva», expresión que el sindicato interpreta como un cuestionamiento del intento de investigar penalmente a su representante.
El comunicado también señala que el representante legal de la empresa no acudió a ratificar la denuncia alegando problemas de salud. Según SILJE, la Audiencia reprocha a la compañía no haber actuado con mayor diligencia en este trámite.
SILJE denuncia el bloqueo de las elecciones sindicales
Más allá de la resolución judicial, el sindicato dirige sus críticas al comité de empresa, al que acusa de mantener paralizadas las elecciones sindicales e impedir que la plantilla pueda votar. SILJE considera especialmente grave esta situación mientras, según su versión, su presidente ha tenido que defenderse de una denuncia que ha sido archivada en tres ocasiones.
La organización también reclama explicaciones a la alcaldesa de Jerez y al concejal de Medio Ambiente, a quienes señala como responsables políticos de la supervisión del contrato municipal de limpieza viaria y recogida de residuos.
En concreto, SILJE pregunta si el Gobierno local considera aceptable que la empresa concesionaria haya acudido a la vía penal contra su portavoz y plantea dudas sobre quién asume los gastos de los procedimientos judiciales fallidos. El sindicato pregunta expresamente si los honorarios legales y las costas impuestas a la UTE se sufragan con cargo al canon municipal.
La nota, fechada el 27 de octubre de 2026, concluye reclamando responsabilidades y explicaciones tanto a la concesionaria como al Gobierno municipal, en un conflicto que combina la disputa judicial con las acusaciones sindicales sobre la situación de la representación de los trabajadores.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha vuelto a rechazar la vía penal emprendida por Jerez UTE FCC MA AZSUMA EQUAL contra Juan Manuel Valero Fernández, presidente y portavoz del Sindicato Independiente de la Limpieza de Jerez (SILJE). Mediante el Auto número 597/26, la Sección Octava ha desestimado el recurso de apelación de la empresa y confirmado por tercera vez el archivo de la causa, además de imponer a la concesionaria el pago de las costas procesales.
Según el comunicado difundido por SILJE, la resolución judicial también cuestiona la actuación de la empresa durante el procedimiento. El sindicato destaca que el tribunal le reprocha una falta de diligencia y recoge que «debió actuar con mayor diligencia».
La controversia se originó en una denuncia relacionada con el supuesto uso indebido de datos personales de trabajadores. De acuerdo con la versión de SILJE, la Audiencia considera que la empresa no tenía la condición de persona agraviada y señala que ningún trabajador había presentado una denuncia contra Valero. El sindicato añade que el informe pericial externo que la compañía había anunciado no llegó a aportarse durante la instrucción.
La organización sindical sostiene que los hechos investigados quedaron limitados al envío de correos electrónicos a la pareja de Valero, también empleada de la empresa, y otros dos a un compañero. En este contexto, SILJE destaca que la resolución alude a la improcedencia de una «investigación prospectiva», expresión que el sindicato interpreta como un cuestionamiento del intento de investigar penalmente a su representante.
El comunicado también señala que el representante legal de la empresa no acudió a ratificar la denuncia alegando problemas de salud. Según SILJE, la Audiencia reprocha a la compañía no haber actuado con mayor diligencia en este trámite.
SILJE denuncia el bloqueo de las elecciones sindicales
Más allá de la resolución judicial, el sindicato dirige sus críticas al comité de empresa, al que acusa de mantener paralizadas las elecciones sindicales e impedir que la plantilla pueda votar. SILJE considera especialmente grave esta situación mientras, según su versión, su presidente ha tenido que defenderse de una denuncia que ha sido archivada en tres ocasiones.
La organización también reclama explicaciones a la alcaldesa de Jerez y al concejal de Medio Ambiente, a quienes señala como responsables políticos de la supervisión del contrato municipal de limpieza viaria y recogida de residuos.
En concreto, SILJE pregunta si el Gobierno local considera aceptable que la empresa concesionaria haya acudido a la vía penal contra su portavoz y plantea dudas sobre quién asume los gastos de los procedimientos judiciales fallidos. El sindicato pregunta expresamente si los honorarios legales y las costas impuestas a la UTE se sufragan con cargo al canon municipal.
La nota, fechada el 27 de octubre de 2026, concluye reclamando responsabilidades y explicaciones tanto a la concesionaria como al Gobierno municipal, en un conflicto que combina la disputa judicial con las acusaciones sindicales sobre la situación de la representación de los trabajadores.
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