El PSOE impugna el proceso para elegir al gerente del Villamarta y exige aclarar las bases de selección

La elección de la nueva Dirección-Gerencia del Teatro Villamarta ha abierto un nuevo frente de confrontación política en Jerez. El representante del PSOE en el Patronato de Fundarte, José Antonio Díaz, ha presentado un escrito de alegaciones contra el procedimiento de selección y reclama explicaciones sobre la publicidad de las candidaturas, los criterios de evaluación y las condiciones en las que se desarrollará la elección.

El documento fue registrado el pasado lunes, coincidiendo con la reunión del patronato, y los socialistas han solicitado que se incorpore íntegramente al acta como anexo. También pedirán la grabación completa de la sesión para disponer de todas las intervenciones de los representantes del Gobierno municipal.

El proceso se inició tras la salida de Carlos Granados, quien comunicó en julio que dejaría la dirección de la fundación el 31 de agosto para emprender un nuevo proyecto profesional. Las bases para cubrir el puesto fueron aprobadas el 14 de agosto, con el voto en contra del PSOE, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el día 24 de ese mismo mes.

Díaz sostiene que las dudas que su grupo planteó entonces siguen sin resolverse y considera que las condiciones establecidas no ofrecen suficientes garantías de transparencia e igualdad entre los aspirantes.

Falta de información sobre las candidaturas

Uno de los principales motivos de las alegaciones es la ausencia, según denuncia el PSOE, de información pública sobre las personas admitidas y excluidas del proceso. La formación recuerda que las bases contemplan una relación provisional de candidatos, un plazo para subsanar posibles defectos y una lista definitiva, además de la publicación de la composición de la Comisión de Selección.

Según los socialistas, a fecha de 21 de octubre ninguno de estos documentos aparecía en el apartado de ofertas de empleo de la página web oficial de Fundarte.

La formación reclama conocer cuántas personas han presentado su candidatura, si se ha excluido a alguna y cuáles han sido los motivos, así como la identidad de quienes se encargan de evaluar las solicitudes. Díaz considera que la falta de esta información impide comprobar si se están respetando las condiciones de igualdad previstas en el procedimiento.

Dudas sobre las puntuaciones y la entrevista

Las alegaciones también cuestionan cómo se valorarán los méritos de los aspirantes. Las bases asignan cinco puntos a la formación, otros cinco a la experiencia adicional y diez al proyecto de gestión. Sin embargo, el PSOE sostiene que no se ha detallado cómo se distribuirán los puntos correspondientes al proyecto entre las distintas materias que debe abordar.

La formación también pone el foco en la entrevista competencial, prevista con carácter facultativo y sin una puntuación máxima ni una regla específica para incorporarla a la nota final. No obstante, las bases la incluyen como tercer criterio de desempate.

Por ello, los socialistas solicitan que se aclare si existen criterios de calificación adicionales, cuándo se aprobaron y si estaban definidos antes de conocer las candidaturas. A su juicio, estas cuestiones deben quedar documentadas para evitar decisiones arbitrarias.

Otro aspecto cuestionado es el plazo de cinco días naturales previsto para corregir defectos en las solicitudes. El PSOE lo compara con los diez días establecidos con carácter general en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 y pide conocer si algún aspirante ha quedado excluido por este motivo.

Los asesores externos, bajo el foco de las alegaciones

El procedimiento incluye también la participación de tres personas externas a las que la Comisión de Selección acordó solicitar asesoramiento el pasado 9 de octubre. Según la información trasladada al patronato, este órgano tuvo conocimiento del acuerdo, pero no participó en su decisión.

El PSOE recuerda que las bases permiten recurrir a asesoramiento externo, aunque sostiene que la capacidad de valoración y decisión corresponde exclusivamente a la comisión. Por ello, reclama información sobre quién propuso a los asesores, sus perfiles profesionales, las funciones que desempeñarán, si recibirán alguna remuneración y qué medidas se han adoptado para descartar posibles conflictos de intereses.

Díaz ha aclarado que sus preguntas no constituyen un cuestionamiento personal de los profesionales, sino una petición de garantías sobre el funcionamiento de un proceso público.

El nombramiento final, otro de los puntos controvertidos

El último bloque de objeciones se refiere a la forma en que se resolverá la selección. Las bases contemplan que la comisión proponga a las tres candidaturas con mayor puntuación y que la Presidencia de Fundarte, que corresponde a la alcaldesa María José García-Pelayo, eleve una de ellas al patronato.

El PSOE cuestiona que este mecanismo permita elegir a una persona distinta de la que obtenga la mayor puntuación y sostiene que la Presidencia no dispone de una facultad de libre designación para resolver el nombramiento en esos términos. Por ello, reclama que cualquier decisión final esté respaldada por argumentos objetivos, verificables y por escrito.

La formación plantea además dudas sobre las vías de recurso previstas en las bases, que remiten al recurso de reposición y a la jurisdicción contencioso-administrativa, y solicita que se aclare si son las adecuadas para un contrato laboral de alta dirección en una fundación pública.

Petición del expediente completo y de un informe jurídico

Entre la documentación reclamada por los representantes socialistas figuran el acuerdo de agosto y el acta de aquella sesión, el expediente íntegro de selección, las listas de admitidos y excluidos, las publicaciones realizadas, las subsanaciones, las actas de la comisión y los criterios utilizados para puntuar los proyectos y las entrevistas.

También solicitan los currículos y la documentación relativa a los asesores externos, con la debida protección de los datos personales, además de un informe jurídico previo a cualquier nombramiento que examine la legalidad del procedimiento, el plazo de subsanación, el régimen de recursos y la motivación de la propuesta definitiva.

El PSOE pide que, si se detectan riesgos para los derechos de los candidatos, se suspenda la valoración y que, en caso de confirmarse irregularidades relevantes, se retrotraigan las actuaciones. Díaz ha concluido defendiendo que su grupo actúa para garantizar la legalidad de los acuerdos del patronato y ha advertido de que recurrirá a los órganos de control y a los tribunales si no obtiene la información solicitada.