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Lunes, 19 de Octubre de 2026

Redacción
Lunes, 19 de Octubre de 2026
Cultura

El PSOE cuestiona el proceso para elegir la dirección del Teatro Villamarta y reclama revisar el expediente

José Antonio Díaz e Irene Canca han presentado alegaciones en el Patronato de Fundarte para exigir garantías en la selección, cuestionar el nombramiento de asesores externos y solicitar un informe jurídico sobre las bases de la convocatoria

El proceso para elegir a la persona que ocupará la dirección-gerencia de la Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez (Fundarte), entidad pública que gestiona el Teatro Villamarta, ha centrado las críticas del PSOE en el Patronato de la fundación. El representante socialista José Antonio Díaz ha presentado, junto a la patrona Irene Canca, un escrito de alegaciones en el que solicita acceso al expediente y la revisión de las actuaciones desarrolladas hasta el momento.

 

La iniciativa se ha registrado durante la reunión celebrada este lunes, 19 de octubre, cuyo único asunto era dar cuenta del acuerdo de la comisión de selección para incorporar asesoramiento externo. Los socialistas consideran que el procedimiento presenta posibles irregularidades y cuestionan que se haya hecho pública la composición de la comisión y se hayan designado tres asesores expertos sin que previamente se haya publicado la lista provisional de personas admitidas y excluidas.

 

Díaz ha recordado que su grupo votó en contra de las bases de la convocatoria por considerar que contenían deficiencias. A su juicio, la falta de publicación de esa lista impide abrir el correspondiente periodo de alegaciones y subsanación, dejando a las candidaturas, según sostiene, en una situación de indefensión.

 

El representante socialista ha cuestionado también la actuación del delegado de Cultura, Francisco Zurita, y ha planteado dos posibles explicaciones a lo sucedido: que se haya actuado con conocimiento de las presuntas irregularidades o que no se hayan revisado adecuadamente las bases del procedimiento.

 

Las bases y los plazos, en el centro de las alegaciones

 

Uno de los principales argumentos del PSOE se refiere al orden de los trámites establecidos en la convocatoria, cuyas bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 24 de agosto.

 

Según ha señalado Díaz, las bases establecen que la composición de la comisión de selección debe hacerse pública una vez publicada la lista provisional de personas admitidas, con el objetivo de garantizar la imparcialidad, la objetividad, la profesionalidad y la abstención en caso de conflicto de intereses.

 

El socialista considera que la publicación de la composición de la comisión antes de que se conozca oficialmente esa lista, junto con la designación de tres asesores externos, genera dudas sobre la transparencia del proceso.

 

Díaz también ha invocado el Real Decreto 1382/1985, relativo a la relación laboral especial del personal de alta dirección, y la disposición adicional primera del Estatuto Básico del Empleado Público. Según su interpretación, estas normas no eximen a una fundación pública de respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia en el acceso al empleo público.

 

Otro de los aspectos que los socialistas reclaman revisar es el plazo previsto para subsanar posibles deficiencias en las solicitudes. Díaz ha advertido de una discrepancia entre los cinco días naturales que contempla la base quinta de la convocatoria y los diez días hábiles establecidos con carácter general en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

 

Por ello, ha solicitado un informe jurídico que aclare esta cuestión y determine las garantías que deben aplicarse a las candidaturas.

 

Dudas sobre la intervención de los tres asesores externos

 

El PSOE también ha cuestionado el momento elegido para designar a los tres asesores externos que deben prestar apoyo a la comisión de selección. Díaz ha aclarado que no pone en duda la capacidad profesional de estas personas, pero reclama conocer los criterios empleados para elegirlas, quién propuso sus nombres y qué competencias acreditan para desempeñar esa función.

 

Asimismo, ha preguntado si los asesores han presentado declaraciones responsables sobre posibles conflictos de intereses y ha reclamado información sobre sus currículos y los límites de su intervención en el procedimiento.

 

El representante socialista considera que estas decisiones se han adoptado antes de completar fases previas de la convocatoria y sostiene que podrían comprometer el funcionamiento de la comisión de selección.

 

Durante sus declaraciones, también ha señalado que no existe, según denuncia, un baremo definido para puntuar la entrevista competencial ni el plan de trabajo que deben presentar las candidaturas.

 

El PSOE reclama garantías y advierte de posibles acciones legales

 

Díaz ha insistido en que la elección de la dirección-gerencia de Fundarte no puede tratarse como un procedimiento de libre designación. En este sentido, ha recordado que, según las bases, corresponde a la Presidencia formular la propuesta y al Patronato efectuar el nombramiento, y ha citado el artículo 21 de la Ley 10/2005 de Fundaciones de Andalucía.

 

El socialista ha advertido de que los integrantes del Patronato tienen responsabilidad sobre las decisiones que adopten y ha reclamado que se atiendan las alegaciones presentadas para despejar las dudas que, a su juicio, rodean al proceso.

 

También ha aludido a las explicaciones ofrecidas durante la reunión sobre la solicitud de documentación que faltaba a determinadas candidaturas, preguntando cómo se realizaron esas gestiones si todavía no se había publicado la relación oficial de personas admitidas y excluidas ni abierto el periodo de subsanación.

 

El PSOE ha advertido de que, si no se atiende su escrito, estudiará trasladar las cuestiones planteadas a la Justicia. Sus críticas se centran en la secuencia de los trámites, la regulación de los plazos, los criterios de valoración y la designación de los asesores externos, aspectos sobre los que reclama aclaraciones jurídicas y garantías para todas las personas aspirantes.

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