Vivienda
Jerez por la Vivienda exige retirar la subasta de suelo público en la zona sur para construir 324 viviendas libres
La plataforma reclama a la Junta que destine las parcelas a vivienda pública y social con alquileres asequibles y pide al Ayuntamiento que adopte medidas concretas ante la crisis habitacional
Jerez por la Vivienda ha denunciado la decisión de la Junta de Andalucía de sacar a subasta suelo público en la zona sur de Jerez para una promoción de hasta 324 viviendas de renta libre. La plataforma considera que esta operación no garantiza el acceso a un hogar a las familias con menos recursos y reclama que los terrenos se destinen a un plan de vivienda pública y social.
El portavoz del colectivo, Alberto Rodríguez, critica que la Administración autonómica, gobernada por el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla, impulse esta iniciativa en un contexto que la plataforma describe como una emergencia habitacional, marcada por los elevados precios del alquiler y las dificultades económicas de numerosas familias.
«No necesitamos que los terrenos públicos se conviertan en otra oportunidad para que los de siempre hagan negocio; necesitamos viviendas sociales para quienes no pueden pagar los precios del mercado», sostiene Rodríguez.
La entidad pone el foco especialmente en la zona sur, donde considera prioritario desarrollar políticas de vivienda social, rehabilitación y apoyo a las personas con mayores dificultades económicas. Su principal objeción es que la promoción prevista sea de renta libre y que, según denuncia, no existan garantías de que las viviendas resultantes sean asequibles para los hogares que más las necesitan.
«¿Quién va a poder comprar esas casas? ¿Las familias trabajadoras que no llegan a fin de mes? ¿Los jóvenes que no pueden emanciparse?», plantea el portavoz, que cuestiona que el mercado pueda ofrecer por sí solo una respuesta suficiente a las dificultades de acceso a la vivienda.
Críticas también al Gobierno municipal
Jerez por la Vivienda extiende sus críticas al Ayuntamiento y a la alcaldesa, María José García-Pelayo. La plataforma considera insuficiente la celebración de mesas locales de vivienda si estas no se traducen en actuaciones concretas para garantizar el acceso a un hogar digno.
Rodríguez sostiene que las administraciones deben asumir sus responsabilidades y reclama al Gobierno municipal que utilice las competencias e instrumentos a su alcance para responder a las necesidades de la población. «La gente necesita soluciones, no reuniones que no cambian nada», afirma.
Para el colectivo, la subasta de las parcelas y la falta de garantías de acceso a las futuras viviendas contrastan con los espacios institucionales de diálogo sobre la crisis habitacional. Por ello, reclama tanto a la Junta como al Ayuntamiento que sitúen el derecho a la vivienda en el centro de sus políticas.
Reclaman vivienda pública y alquileres asequibles
La principal exigencia de la plataforma es que la Junta retire las parcelas de la subasta y las incorpore a un plan de vivienda pública y social que contemple alquileres realmente asequibles y garantías de permanencia en el parque público.
Asimismo, pide al Ayuntamiento que abandone, en palabras del colectivo, la política de anuncios y adopte medidas dirigidas a quienes sufren mayores dificultades para acceder a una vivienda.
«Queremos vivienda social, alquileres asequibles y un parque público que responda a las necesidades reales de la población», concluye Rodríguez.
La plataforma advierte de que seguirá rechazando el uso del suelo público para iniciativas que, a su juicio, no respondan a las necesidades de las familias con menos recursos, y defiende que la zona sur necesita políticas que prioricen la vivienda digna y la justicia social.

Jerez por la Vivienda ha denunciado la decisión de la Junta de Andalucía de sacar a subasta suelo público en la zona sur de Jerez para una promoción de hasta 324 viviendas de renta libre. La plataforma considera que esta operación no garantiza el acceso a un hogar a las familias con menos recursos y reclama que los terrenos se destinen a un plan de vivienda pública y social.
El portavoz del colectivo, Alberto Rodríguez, critica que la Administración autonómica, gobernada por el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla, impulse esta iniciativa en un contexto que la plataforma describe como una emergencia habitacional, marcada por los elevados precios del alquiler y las dificultades económicas de numerosas familias.
«No necesitamos que los terrenos públicos se conviertan en otra oportunidad para que los de siempre hagan negocio; necesitamos viviendas sociales para quienes no pueden pagar los precios del mercado», sostiene Rodríguez.
La entidad pone el foco especialmente en la zona sur, donde considera prioritario desarrollar políticas de vivienda social, rehabilitación y apoyo a las personas con mayores dificultades económicas. Su principal objeción es que la promoción prevista sea de renta libre y que, según denuncia, no existan garantías de que las viviendas resultantes sean asequibles para los hogares que más las necesitan.
«¿Quién va a poder comprar esas casas? ¿Las familias trabajadoras que no llegan a fin de mes? ¿Los jóvenes que no pueden emanciparse?», plantea el portavoz, que cuestiona que el mercado pueda ofrecer por sí solo una respuesta suficiente a las dificultades de acceso a la vivienda.
Críticas también al Gobierno municipal
Jerez por la Vivienda extiende sus críticas al Ayuntamiento y a la alcaldesa, María José García-Pelayo. La plataforma considera insuficiente la celebración de mesas locales de vivienda si estas no se traducen en actuaciones concretas para garantizar el acceso a un hogar digno.
Rodríguez sostiene que las administraciones deben asumir sus responsabilidades y reclama al Gobierno municipal que utilice las competencias e instrumentos a su alcance para responder a las necesidades de la población. «La gente necesita soluciones, no reuniones que no cambian nada», afirma.
Para el colectivo, la subasta de las parcelas y la falta de garantías de acceso a las futuras viviendas contrastan con los espacios institucionales de diálogo sobre la crisis habitacional. Por ello, reclama tanto a la Junta como al Ayuntamiento que sitúen el derecho a la vivienda en el centro de sus políticas.
Reclaman vivienda pública y alquileres asequibles
La principal exigencia de la plataforma es que la Junta retire las parcelas de la subasta y las incorpore a un plan de vivienda pública y social que contemple alquileres realmente asequibles y garantías de permanencia en el parque público.
Asimismo, pide al Ayuntamiento que abandone, en palabras del colectivo, la política de anuncios y adopte medidas dirigidas a quienes sufren mayores dificultades para acceder a una vivienda.
«Queremos vivienda social, alquileres asequibles y un parque público que responda a las necesidades reales de la población», concluye Rodríguez.
La plataforma advierte de que seguirá rechazando el uso del suelo público para iniciativas que, a su juicio, no respondan a las necesidades de las familias con menos recursos, y defiende que la zona sur necesita políticas que prioricen la vivienda digna y la justicia social.

























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