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Miércoles, 05 de Agosto de 2026

Redacción | 25
Miércoles, 05 de Agosto de 2026 Tiempo de lectura:
Sociedad

Marea Violeta Jerez denuncia la desprotección de las mujeres tras la entrega de competencias a Vox en Andalucía

El colectivo feminista exige la rectificación inmediata de Juanma Moreno y pide a la alcaldesa de Jerez que rompa su silencio sobre el acuerdo

El colectivo feminista Marea Violeta Jerez ha emitido un comunicado oficial de denuncia ante la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía de delegar competencias en materia de protección a las mujeres víctimas de violencia machista al partido político Vox. La organización califica este movimiento como un "retroceso" grave y alerta de que la entrada de discursos negacionistas en las instituciones públicas sitúa a las afectadas en un escenario de extrema vulnerabilidad y desamparo.

 

La plataforma subraya que los servicios de atención ciudadana y protección social deben regirse estrictamente por criterios técnicos, dotación presupuestaria suficiente e independencia operativa. Según expone el colectivo, situar estas funciones bajo la tutela de formaciones que cuestionan la raíz de la violencia de género debilita la confianza institucional necesaria para incentivar las denuncias de las víctimas en la comunidad autónoma.

 

Exigencia de rectificación al Ejecutivo andaluz

 

El comunicado interpela de forma directa a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a quien le reclaman un posicionamiento público explícito frente al acuerdo autonómico de su formación. "Es el momento de demostrar si la defensa de las mujeres víctimas de violencia machista es un compromiso real o solo un discurso para los días señalados", recoge el texto, añadiendo que el silencio ante esta reestructuración competencial equivale a un respaldo táctico a las tesis negacionistas.

 

La organización concluye su pronunciamiento exigiendo una rectificación inmediata al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Marea Violeta Jerez solicita la retirada formal de dicha cesión institucional para asegurar que la gestión de las políticas de igualdad y seguridad recaiga de manera exclusiva en departamentos técnicos y profesionales comprometidos con el marco normativo de los derechos humanos y la protección integral de las mujeres y sus familias

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