Sucesos
Los ocho detenidos en la macrooperación por presunto blanqueo pasan a disposición judicial en El Puerto de Santa María
El Juzgado de Instrucción número 5 toma declaración a los principales arrestados de la trama tras levantarse el secreto de sumario sobre los patrocinios bajo sospecha
La fase judicial de la macrooperación desplegada por la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y la corrupción institucional ha dado hoy un paso decisivo. Los ocho detenidos que permanecían bajo custodia policial han comenzado a pasar a disposición judicial en las dependencias del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María para prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5, órgano que coordina las actuaciones de la Policía Judicial.
La comparecencia de los investigados se produce inmediatamente después de que el magistrado instructor haya decretado el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre la causa penal. Según la información oficial facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el cómputo global del operativo policial se salda por el momento con once personas detenidas y un investigado adicional. Del total de arrestados en los registros practicados entre las provincias de Cádiz y Sevilla, tres de ellos fueron puestos en libertad provisional por el propio instituto armado tras completarse las primeras diligencias en sede policial.
El TSJA reitera que el alcalde de El Puerto no figura como investigado en el procedimiento instruido.
El sumario judicial desvelado mantiene el foco sobre la presunta comisión de delitos graves asociados a una organización criminal, abarcando el blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos y tráfico de influencias. Las pesquisas se centran en esclarecer si las estructuras empresariales del principal investigado, vinculadas al ocio nocturno y a la promoción de grandes citas musicales como el Puro Latino Fest, se emplearon para la canalización de fondos de procedencia ilícita empleando contratos públicos de patrocinio.
Ante el revuelo originado por la personación de la Guardia Civil en dependencias administrativas de la Diputación Provincial de Cádiz, las fuentes oficiales del TSJA han querido precisar de forma taxativa que en ningún momento se efectuó un registro del despacho del alcalde de El Puerto de Santa María y diputado provincial. La actuación de los agentes se limitó de manera estricta al cumplimiento de un requerimiento formal para la retirada de cinco expedientes específicos de patrocinio técnico. El alto tribunal andaluz ha certificado de manera explícita que, con los datos obrantes en la causa a día de hoy, el regidor portuense no ostenta la condición de investigado en el proceso de instrucción en curso.
La fase judicial de la macrooperación desplegada por la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y la corrupción institucional ha dado hoy un paso decisivo. Los ocho detenidos que permanecían bajo custodia policial han comenzado a pasar a disposición judicial en las dependencias del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María para prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5, órgano que coordina las actuaciones de la Policía Judicial.
La comparecencia de los investigados se produce inmediatamente después de que el magistrado instructor haya decretado el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre la causa penal. Según la información oficial facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el cómputo global del operativo policial se salda por el momento con once personas detenidas y un investigado adicional. Del total de arrestados en los registros practicados entre las provincias de Cádiz y Sevilla, tres de ellos fueron puestos en libertad provisional por el propio instituto armado tras completarse las primeras diligencias en sede policial.
El TSJA reitera que el alcalde de El Puerto no figura como investigado en el procedimiento instruido.
El sumario judicial desvelado mantiene el foco sobre la presunta comisión de delitos graves asociados a una organización criminal, abarcando el blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos y tráfico de influencias. Las pesquisas se centran en esclarecer si las estructuras empresariales del principal investigado, vinculadas al ocio nocturno y a la promoción de grandes citas musicales como el Puro Latino Fest, se emplearon para la canalización de fondos de procedencia ilícita empleando contratos públicos de patrocinio.
Ante el revuelo originado por la personación de la Guardia Civil en dependencias administrativas de la Diputación Provincial de Cádiz, las fuentes oficiales del TSJA han querido precisar de forma taxativa que en ningún momento se efectuó un registro del despacho del alcalde de El Puerto de Santa María y diputado provincial. La actuación de los agentes se limitó de manera estricta al cumplimiento de un requerimiento formal para la retirada de cinco expedientes específicos de patrocinio técnico. El alto tribunal andaluz ha certificado de manera explícita que, con los datos obrantes en la causa a día de hoy, el regidor portuense no ostenta la condición de investigado en el proceso de instrucción en curso.
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