Ayudas
Diputación inyecta 1,6 millones de euros para blindar los proyectos de intervención social en Cádiz
El Área de Paula Conesa abre la convocatoria para entidades sin ánimo de lucro, estructurada en cuatro líneas que abarcan desde mayores y dependencia hasta exclusión social e inversiones
La Diputación Provincial de Cádiz ha dado un paso decisivo en su política de apoyo al tercer sector con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de las bases reguladoras de una nueva y potente convocatoria de ayudas. El Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, bajo la responsabilidad de la diputada Paula Conesa, ha blindado una partida presupuestaria de 1,62 millones de euros destinados exclusivamente a financiar proyectos de intervención social desarrollados por entidades sin ánimo de lucro con sede en el territorio gaditano durante el ejercicio 2026.
Este importante paquete de ayudas se otorgará mediante el régimen de concurrencia competitiva y persigue un objetivo claro: fortalecer la labor diaria de las asociaciones y entidades sociales que prestan una atención esencial a miles de personas vulnerables. El plan se articula en torno a cuatro líneas estratégicas de actuación. La de mayor cuantía, dotada con 700.000 euros, se centra en personas con capacidades diferentes o necesidades educativas especiales, seguida por la línea destinada a mayores y enfermos crónicos (500.000 euros), la enfocada en exclusión social y adicciones (300.000 euros), y una cuarta para inversiones y equipamiento (120.000 euros).
Los colectivos contemplados en las bases cubren un amplio espectro de la vulnerabilidad en la provincia. Desde la promoción del envejecimiento activo y la autonomía personal de los mayores, hasta la atención temprana y el apoyo psicosocial para personas con capacidades diferentes. También se incluyen proyectos de prevención, intervención y reinserción sociolaboral para personas en situación de exclusión o que necesitan rehabilitación de adicciones. Las cuantías máximas por proyecto serán de 20.000 euros en las tres primeras líneas y de 5.000 euros en la de inversión, permitiendo a las entidades concurrir simultáneamente a una de las tres primeras y a la cuarta.
Las entidades interesadas disponen de un plazo de 20 días naturales, contados a partir de la publicación de la convocatoria en el BOP, para presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación. Como medida de apoyo para facilitar la puesta en marcha de las actividades, la institución provincial ha establecido que el pago de las subvenciones se efectúe de forma anticipada. Los proyectos beneficiarios tendrán un marco temporal de ejecución que abarca todo el año 2026, del 1 de enero al 31 de diciembre.
La concesión de las ayudas estará a cargo de una comisión técnica que evaluará cada propuesta basándose en criterios objetivos detallados en las bases. Entre los aspectos más relevantes que se tendrán en cuenta figuran la idoneidad y viabilidad del proyecto, su carácter innovador, la singularidad como recurso único en la provincia, la incidencia social y el alcance geográfico de la intervención. Además, se valorará la incorporación de la perspectiva de género. Para acceder a la financiación, las propuestas deberán alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos sobre 100.

La Diputación Provincial de Cádiz ha dado un paso decisivo en su política de apoyo al tercer sector con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de las bases reguladoras de una nueva y potente convocatoria de ayudas. El Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, bajo la responsabilidad de la diputada Paula Conesa, ha blindado una partida presupuestaria de 1,62 millones de euros destinados exclusivamente a financiar proyectos de intervención social desarrollados por entidades sin ánimo de lucro con sede en el territorio gaditano durante el ejercicio 2026.
Este importante paquete de ayudas se otorgará mediante el régimen de concurrencia competitiva y persigue un objetivo claro: fortalecer la labor diaria de las asociaciones y entidades sociales que prestan una atención esencial a miles de personas vulnerables. El plan se articula en torno a cuatro líneas estratégicas de actuación. La de mayor cuantía, dotada con 700.000 euros, se centra en personas con capacidades diferentes o necesidades educativas especiales, seguida por la línea destinada a mayores y enfermos crónicos (500.000 euros), la enfocada en exclusión social y adicciones (300.000 euros), y una cuarta para inversiones y equipamiento (120.000 euros).
Los colectivos contemplados en las bases cubren un amplio espectro de la vulnerabilidad en la provincia. Desde la promoción del envejecimiento activo y la autonomía personal de los mayores, hasta la atención temprana y el apoyo psicosocial para personas con capacidades diferentes. También se incluyen proyectos de prevención, intervención y reinserción sociolaboral para personas en situación de exclusión o que necesitan rehabilitación de adicciones. Las cuantías máximas por proyecto serán de 20.000 euros en las tres primeras líneas y de 5.000 euros en la de inversión, permitiendo a las entidades concurrir simultáneamente a una de las tres primeras y a la cuarta.
Las entidades interesadas disponen de un plazo de 20 días naturales, contados a partir de la publicación de la convocatoria en el BOP, para presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación. Como medida de apoyo para facilitar la puesta en marcha de las actividades, la institución provincial ha establecido que el pago de las subvenciones se efectúe de forma anticipada. Los proyectos beneficiarios tendrán un marco temporal de ejecución que abarca todo el año 2026, del 1 de enero al 31 de diciembre.
La concesión de las ayudas estará a cargo de una comisión técnica que evaluará cada propuesta basándose en criterios objetivos detallados en las bases. Entre los aspectos más relevantes que se tendrán en cuenta figuran la idoneidad y viabilidad del proyecto, su carácter innovador, la singularidad como recurso único en la provincia, la incidencia social y el alcance geográfico de la intervención. Además, se valorará la incorporación de la perspectiva de género. Para acceder a la financiación, las propuestas deberán alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos sobre 100.



















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